Al
llegar a un punto clave el vuelo del Globo de la Pacificación
por los aires de la Habana, con más posibilidades de continuar
inflándose que de desinflarse, urge tomar con imaginación,
aunque, por cierto, con prudencia, algunas medidas que
enriquezcan el proceso para que éste no desemboque en
una simple dejación de las armas sin mayor impacto
sobre las estructuras sociales del país y sobre la
subjetividad de los colombianos. Cincuenta años de impactante
confrontación armada no pueden desembocar en otro medio siglo
de desgaste y derroche irresponsable de la naturaleza y de las
esperanzas de los colombianos; de relativo crecimiento
técnico-económico pero a costa de la consolidación de los
dispositivos generadores de una sociedad con los indicadores más
altos en el mundo de inequidad social; de fracaso en la construcción
de una cultura política democrática capaz de absorber los odios y
venganzas progresivamente acumulados que el país viene arrastrando
desde los inicios de la fundación de la nación con la participación
activa no sólo de mestizos sino también de indígenas y de negros;
y finalmente , entre otras cosas, a costa de un nuevo partidicidio,
que precisamente ésta ha sido la historia: en Colombia nunca se ha
podido consolidar una izquierda desarmada no sólo por las marcas
simbólicas negativas que en la subjetividad de la ciudadanía
han dejado cincuenta años de confrontación armada sin que nunca
llegase la prometida revolución social sino también, ante todo y
sobre todo, porque a esa posibilidad han contribuido en elevado grado
las derechas dominantes armadas, así como el propio Estado al
convertir el monopolio de la legitimidad de las armas en
represión y coerción.
A
este respecto, como para recordar las viejas y nuevas formas de
paramilitarismo que ha habido en la historia de Colombia. Esto lleva
a pensar que la pacificación en Colombia- obsérvese que estamos
hablando de pacificación a secas, pues de construcción de paz
positiva es más bien poco lo que esperamos de la
Habana- si se la quiere sostenible y relativamente perdurable
es no sólo un asunto de negociación con las Farc y el Eln sino
también con muchas de las organizaciones políticas del
establecimiento. Es decir, casi del Estado consigo mismo, así
como con el bloque de poder que lo sostiene. Es esta la
razón por la que la propuesta del expresidente Gaviria sobre la
aplicación actual de La Justicia Transicional haciéndola
extensiva a militares, paramilitares y aún civiles comprometidos,
aunque huela a ley de punto final, no es tan descabellada, sino más
bien, muy aterrizada aunque alrededor de ella habría que hacer
mucho debate, aplicarle una buena pedagogía y darle forma técnica
hasta tornarla viable pero con un masivo apoyo nacional.
Y que conste que con esa extensión de la aplicación de la Justicia
Transicional no estamos colocando en condiciones de igualdad a
soldados, que por Constitución y ley NO DEBEN delinquir
mientras guerrean, con guerrilleros, que, por análisis y
convicción política, asumieron las armas para luchar por otra
Constitución y otra Sociedad, pero que con el solo hecho de sentarse
a negociar, después de que durante medio siglo no han podido ser
derrotados, están reconociendo que algunas de las condiciones
políticas del país han cambiado, aunque sólo sean aquellas
propicias para luchar por construir democracia.
Precisamente
estando en Uruguay en la segunda semana diciembre con la
intención de hacerle una entrevista al presidente Mujica,
tuvimos la oportunidad de dialogar con dirigentes del Frente Amplio
sobre la negociación de los Tupamaros con el gobierno. Entre otra
muchas cosas , los presos fueron liberados en marzo de 1985, en el
marco de una ley de amnistía , la 15.737 de marzo de 1985 ,
que en su artículo 1 decretó “LA AMNISTÍA DE TODOS LOS DELITOS
POLÍTICOS, COMUNES Y MILITARES CONEXOS CON ÉSTOS , COMETIDOS A
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1962”; como nota especial este ley
incluyó una fórmula en función de la cual tantos los
guerrilleros como los militares que hubieren cometido delitos
podían quedar exonerados de culpas y de cargos. “El texto buscaba
empezar a cerrar un capítulo de la historia y sentar las
bases de un esquema sin condenas para los militares que habían
cometido actos inhumanos. Se completó con la aprobación en 1986 de
otra ley, conocida como ‘De caducidad de la pretensión punitiva
del Estado’…Este ley fue sometida a plebiscito dos veces para
anularla y ambas consultas populares se saldaron en fracaso para sus
promotores”. O sea que en esa oportunidad los uruguayos sí
estuvieron de acuerdo con una especie de ley de punto final.
Claro
que sabemos de las dificultades para sacar avante una ley de
amnistía en Colombia dado el peso que hoy en día han
alcanzado los Tribunales Internacionales de Justicia.
Si
en esta Carta hemos resaltado la unidimensionalidad de la presencia
en la Habana de actores “delincuentes políticos”, para usar un
término duro, ha sido para resaltar una de las debilidades del
proceso: si de la Habana no saldrá la paz, tampoco saldrá una
pacificación integral; se hará entonces necesario avanzar en
conversaciones y diálogos con los otros poderes del
establecimiento que con cinismo practican el voto democrático y
republicano y al mismo tiempo lo ensucian e envilecen al
aunar la política con la apelación permanente a las armas. La
situación es entonces tan compleja, dificultosa y hasta dramática
que al presidente Santos no le bastarán los tres años y medio que
le faltan para asentar una pacificación posiblemente más estable y
duradera, y decimos posiblemente porque si el proceso de pacificación
no va acompañado de procesos simultáneos de osada y acelerada
construcción de paz positiva, no se necesitará ser adivino
para augurar la problematización inmanejable de las violencias
políticas en el país. Es por esto por lo que en esta Carta
estamos hablando, pero para ahora y no para mañana, de la
posibilidad de impulsar en Colombia una especie de ley de punto
final, que para que sea exitosa tendría que ser enhebrada alrededor
de las necesidades objetivas y simbólicas de los seis millones y
medio de víctimas del conflicto interno armado.
Valgan
estas consideraciones para fundar una propuesta: la de invitar al
expresidente José Pepe Mujica como asesor, ojalá permanente, de los
Diálogos de la Habana. No se trataría de una mediación, ni de una
asesoría por separado, ora al gobierno ora a las guerrillas, sino de
que las dos Comisiones trabajen con él conjuntamente y en privado
los asuntos más acuciantes y problemáticos y confrontantes que en
este momento tienen sobre Mesa o en los congeladores de
“palabras y problemas”. No se trata tampoco de que con él se
tomen decisiones sino más bien, de que cada parte se abra,
oxigene sus puntos de vista, refine los dispositivos de
construcción de consensos y en su intimidad se abra a
POSICIONES menos cerradas, que consulten las NECESIDADES de las
partes, pero, sobre todo, los INTERESES, primero los del país
y después, los de cada grupo de negociadores en particular.
Señor
Presidente y estimados Negociadores: las razones del por qué Mujica
y no otro expresidente, sobran. Primero, se trata del
presidente con mejor imagen internacional entre los actuales
presidentes que hay actualmente en el mundo. Segundo: no se trata de
una figura simplemente mediática: a Mujica no lo crearon Los MEDIOS
sino que él mismo con su historia biográfica y sus prácticas
concretas creó a los Medios, que se volcaron sobre su pequeño
país lo que le permitió internacionalizarlo. Tercero: durante todas
las etapas de su rica y vívida existencia, donde quiera ha actuado
aún como guerrillero y prisionero político, ha sido un excelente
negociador. Y cuarta: pocos presidentes de América Latina como
Mujica, el Presidente Santos lo sabe, han tenido un deseo tan
íntimo y vigoroso y permanente de contribuir a la paz de Colombia.
Para
fundamentar en detalle esta propuesta, unas semanas más publicaremos
el atisbos 220 titulado, “ ALGUNAS PREGUNTAS A
JOSÉ PEPE MUJICA SOBRE EL QUÉ ES SER DE IZQUIERDA EN ESTA PRIMERA
PARTE DEL SIGLO XXI”.
