30 septiembre 2015

ATISBO ANALÍTICO 231


ATISBOS ANALÍTICOS 231, Santiago de Cali, septiembre  2015, director  Humberto Vélez Ramírez, profesor del Programa de Estudios Políticos  y Resolución de Conflictos, IEP, Universidad del Valle;  miembro del Grupo de Investigación  “POLÍTICA Y CONFLICTOS”; publicación de ECOPAIS, “Estado*Comunidad*País. “Un nuevo Estado para un nuevo País”. 
humbertovelezr@gmail.comwww.atisbosanaliticos2000.blogspot.com .







23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015: POR FIN, UN ACUERDO ESTRATEGICO SOBRE UN ESQUEMA DE JUSTICIA A APLICAR: LA CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

Acápite (Capítulo I, acápite 5) del libro, de próxima publicación,
LOS DIALOGOS DE LA HABANA, LA COMISIÓN DE HISTORIA DEL CONFLICTO Y DE LAS VÍCTIMAS Y LA COLOMBIANIZACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL.

Hasta antes del 23 de septiembre  del 2015, tres asuntos nodales estaban pendientes siendo el primero el más importante: de un lado, la definición del Esquema de Justicia a aplicar en esta negociación;  el segundo asociado a la definición de una instancia para darle forma jurídica a los acuerdos pactados; y el tercero, relacionado con los dispositivos orientados a lograr una robusta legitimación ciudadana y sociopolítica del proceso en su conjunto. Como ya se insinuó en la Introducción de este texto,
 transcurridos apenas tres meses desde la segunda crisis grave de los Diálogos de la Habana vivida en junio del 2015, y mientras los asistentes en Ibagué  al VII Congreso Nacional y II Internacional de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ[1], se disponían a  entrar en una teleconversación con el equipo Negociador de las Farc, ese mismo 23 de septiembre a las 3 pm, el acto se suspendió, pues desde la Cuba de Martí se anunció que se estaba dando inicio a la colombianización de la Justicia Transicional mediante la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. .
Fue así como de modo inteligente e imaginativo y sin pedirle permiso a ningún Tribunal Internacional, el gobierno, consensuando con las Farc, abordó el primer asunto, necesario para iluminarle una salida a los otros dos. Fue así, por otra parte,  como en Colombia se aplicó la doctrina del Margen Nacional de Apreciación: La singularidad histórica  mundial de nuestro conflicto interno armado y su persistencia de más de medio siglo y sus tremendos impactos sobre el conjunto de la sociedad constituían y continúan constituyendo una base robusta para poder proceder así, de modo autónomo,  sin afectar, en lo básico,  la normatividad humanitaria  internacional
Este es el texto  en el que se informó sobre la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz[2],
 “1. Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.”
La Jurisdicción Especial pactada contempla la creación de un Tribunal ad hoc con tareas judiciales, que subsume las funciones del Derecho Penal,  en procura de   satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, así como a proporcionar seguridad jurídica a quienes, de modo directo o indirecto, han participado en las dinámicas del conflicto interno armado.  En su generalidad, el acuerdo es re-orientador, aunque conviene no idealizarlo no obstante toda la falta que estaba haciendo. Precisamente el libro del que este Atisbos Analíticos es un acápite y cuyo índice se presenta al final, se encuentra cruzado por la hipótesis de que  si no se producía un acuerdo estratégico como el que se anunció el 23 de septiembre, los Diálogos de la Habana se podían frustrar. Por cierto que se ha superado un gran obstáculo; por cierto, además que mientras las acciones de guerra pueden  empezar a disminuir, de modo casi exponencial crecerán las contradicciones y los conflictos, pero ya en el nivel de las concreciones reales. Se trata, entonces, de una Jurisdicción Especial para la Paz por  desarrollar y para enriquecer y por eso ese mismo 23 de septiembre tuvo un primer complemento importante  con la medida pactada entre el presidente Santos y Timochenko según la cual las Farc deberán entregar las armas- en nuestra opinión no necesariamente al gobierno, pues podrían hacerlo  al Vaticano o a las Naciones Unidas  o a Noruega o  a un Estado que goce  de la  confianza común- en un plazo de 60 días  tras  la firma  del acuerdo definitivo. Naturalmente, es necesario examinar el acuerdo en   todas sus dimensiones  y detalles, pero en esencia consiste en: a) la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz frente a la cual los acusados (los responsables todos) de haber cometido  crímenes graves y atroces durante la confrontación armada puedan confesarlos; b) la fijación de penas alternativas (entre cinco y ocho años) para aquellos que digan la verdad; c) el señalamiento general de  lugares alternativos a una cárcel  donde puedan cumplirse esas penas, aunque no se precisaron lugares y opciones precisas. Adicionalmente, las partes pusieron una fecha máxima para finalizar el conflicto, antes del 23 de marzo del 2016, y acordaron la dejación de las armas 60 días después.
De todas maneras, en nuestro concepto, la “Jurisdicción Especial  para la Paz” acunada  en la Habana salió cojeando, pues el Tribunal creado  debería haber estado acompañado de una “Comisión Legislativa Especial”, que  conformada  por la Comisión de Paz del Congreso y por Representantes tanto de las Víctimas como de las dos organizaciones guerrilleras, subsumiese ad hoc las funciones del Congreso en procura de  la formalización jurídica de los acuerdos pactados.  De haber acaecido así, se le habría puesto freno a acciones que, con lo mismos propósitos de implementación jurídica, se están impulsando en el Congreso pero sin que la iniciativa haya sido consensuada en la Isla de Martí. Ahora, como salida oportuna y necesaria sólo queda que, desde la Habana, en uno de los siguientes ciclos  se haga ese complemento y que, lo más rápido que se pueda, la Jurisdicción de Paz pactada  sea  incluida en un proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno al Congreso. Así se evitarán dudas y suspicacias e interpretaciones caprichosas como las que han venido proliferando por estos días.
De todas maneras, el Estado colombiano por iniciativa propia y consensuando con las Farc, creó la Jurisdicción Especial para la Paz, y  hasta ahora, ningún Tribunal Internacional lo  ha  cuestionado por el acuerdo logrado; por el contrario, con una celeridad desacostumbrada en una Entidad Internacional, y, por eso,  sorpresiva y auspiciadora, Fatou  Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, declaró,
se ha dado “un paso significativo hacia el fin del conflicto” y eso “es bienvenido por la Fiscalía”; por otra parte, “noto con optimismo que excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y de lesa humanidad y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”; esto no obstante, dijo que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas como parte de su continuo examen sobre la situación colombiana” y que, “para este fin, su oficina entablará extensas consultas  con el gobierno colombiano y otras partes interesadas, incluyendo víctimas y organizaciones de la sociedad civil pertinentes”.[3]
Con celeridad también apoyaron el  acuerdo el gobierno norteamericano, Unasur  y CELAC; en Estados Unidos  John Kerry, Secretario de Estado habló de “avance histórico”. En Colombia casi todos los órganos de opinión pública se han pronunciado al respecto: la mayoría para apoyar el acuerdo, una minoría para rechazarlo sin compasión, unos terceros ya  para cuestionar  ya para  avalar un aspecto u otro, y unos cuartos, para desvariar a su antojo y amaño. [4] Llama la atención el que  en el Foro de la Hora 20 de CARACOL realizado el 23 de septiembre, la mayor parte de los entrevistados, con la excepción de los del Centro Democrático de Uribe, o apoyaron con entusiasmo  el acuerdo o  se centraron en formular advertencias sobre limitaciones o peligros emergentes en el inmediato futuro,  así, 
César Gaviria (expresidente liberal): “No tiene cabida decir  que habrá impunidad o que se entregó el país a las Farc”;
Laura Gil (internacionalista): “El mensaje de hoy es que el diálogo sí paga…Si las farc siguen respetando  el cese unilateral de fuego se le devolverá la confianza al proceso y pondrá la refrendación de los acuerdos en otro escenario”;
Enrique Santiago (abogado español, asesor jurídico de las Farc):”El acuerdo es un antes y un después en materia de derecho internacional…El sistema de justicia , verdad y reparación sólo se cierra con el componente de la no repetición”; “se ha construido un sistema  que acabará la impunidad, toda la que ha habido,  para que todos asuman: es un sistema de justicia prospectiva para las futuras generaciones”;

Carlos Medellín (exministro, víctima indirecta de la toma del Palacio de Justicia: consideró que “aunque importante y serio  el acuerdo en la Habana,  “ahora comienza un trabajo fuerte frente a temas que no son menores como la amnistía  y la conexidad de delitos  como el narcotráfico con el delito político”; pero, aparte de que esa conexidad no me gusta, negarla como salida sería frenar  el avance de los acuerdos con las Farc; precisó, además, que “el sigilo frente al proceso se acabó; se debe acabar para que no se repita  el fracaso del Palacio de Justicia donde las decisiones se tomaron con sigilo;

Carlos Vicente de Roux (concejal de Bogotá): “Este  acuerdo envía  un mensaje de equilibrio a los militares; las críticas al acuerdo serían válidas  como advertencias  y en ese sentido serían un aporte, pero formularlas con descalificación  es inapropiado;

Juan Carlos Flórez  (concejal de Bogotá): “Este es un momento para hacer advertencias sobre el acuerdo de justicia; el momento es para advertir, pero no para crear tabués; acá debería funcionar el principio de que nada está perdonado hasta que todo esté confesado”;

Camilo Gómez (excomisionado de paz del gobierno de Pastrana”: “El punto crítico no es el de las penas sino el tema de la verdad: sin verdad  no habrá perdón, y en consecuencia habrá un rechazo  a la reinserción de los guerrilleros a la  vida civil”;

Mauricio Lizcano (senador liberal que tuvo a su padre secuestrado por las Farc durante nueve años): “Los puntos de acuerdo sobre justicia han sido importantes, el acuerdo es histórico; las Farc han aceptado que son victimarios, aceptan ir a una jurisdicción  a reconocer sus delitos, contar la verdad y someterse a ella;

Luz María Sierra (periodista, editora de la revista Semana): “En el acuerdo sobre justicia la pelea con la opinión será dura y si el gobierno no hace una pedagogía importante , para convencerla, queda un poco corto el proceso de paz…No es fácil vender la idea de que habrá condena, pero para la gente condena sin cárcel no es condena”;

Francisco Bernate (conjuez de la Corte Suprema): destacó que ha empezado un nuevo modelo político colombiano que llevará a replantear el acuerdo de la Constitución de 1991; entonces, “desde su óptica de lo jurídico, quedan interrogantes como la suerte de los que purgan condenas, militares o guerrilleros,  o si puede haber impunidad para el narcotráfico en el punto de la conexidad de este delito con el delito político”;

Angela Robledo (representante del Partido Verde):“Acá no va a haber impunidad…el debate sobre la conexidad ya se ha abordado desde la Corte…El acuerdo blinda contra la impunidad: “como no va a haber impunidad, se obligarán a decir la verdad”;

Néstor Humberto Martínez (Exmnistro de Ministros del gobierno de Santos):
advierte que habrá que prever  “una reforma constitucional  ante la posibilidad de que el nuevo mecanismo  para implementar los acuerdos resulte insuficiente”;

Samuel Hoyos (representante del Centro Democrático):
Esto no puede ser el Caquetá por cárcel, hay que garantizar unos mínimos; lo mínimo es que la guerrilla reconozca su responsabilidad con las víctimas y paguen unas penas, así sean reducidas, por crímenes atroces; de resto se corre el riesgo de revivir la violencia”;

Jack Housni (congresista de la Unidad Nacional):
Este es un proceso político y no penal”; entonces, hizo un llamado a “entender cuál es el bien superior  que se busca: la paz”; aún más, “esto tampoco es una rendición”.[5]

Entre los gremios de propietarios entre los que existen importantes fracciones proclives al uribismo, no surgieron críticas al acuerdo, sino, más bien, observaciones y advertencias positivas:[6]

Guillermo Botero Franco (presidente de FENALCO): fue el único en acordarse de que lo de las penas alternativas también  eran para los agentes del Estado: “Es importante rescatar  la decisión de no amnistiar  ni indultar  a quienes cometieron delitos de lesa humanidad  o crímenes de guerra, y bajo este anuncio, crímenes tan complejos, como los “falsos positivos”, podrían pasar a ser juzgados por este Tribunal”;

José Félix Lafourie (presidente de la SAC): “El acuerdo satisface el derecho de las víctimas. Esperamos que el Tribunal Especial sea garante y abra los espacios para que la verdad plena se dé en cada caso”;

Bruce Mackaster (presidente de la Andi):”Este (el de las penas alternativas) era uno de los puntos más sensibles, y seguramente será de los más debatidos, pues el país ha estado dividido en términos de la obligación  que existe o no, de generar prisión alrededor de algunos delitos”;

Rafael, Mejía (presidente de la SAC):
 “El acuerdo previsto para dentro de 6 meses deja abierto el camino para continuar  sobre lo que ya se ha firmado, porque hay puntos fundamentales pendientes en el campo, los cultivos y el narcotráfico”.

En el escenario de la política en el establecimiento  también ha sucedido algo parecido no dejando de llamar la atención la posición del expresidente Andrés Pastrana, quien había venido siendo muy crítico del gobierno de Santos,

Andres, Pastrana: “Sobre lo que ha sucedido, el país solo puede regocijarse. Estamos esperanzados  en que las reglas de juego queden claras, que no se afecte el modelo económico ni la confianza de los mercados”.

No puede dejar de llamar la atención el que casi todos estos entrevistados  emitan sus opiniones como si los miembros de las Farc fuesen los únicos victimarios, como si la Jurisdicción Especial para la Paz hubiese sido creada para responsabilizar solamente a los farquianos.¿Dónde quedan, entonces- ¿perdonados por su amor al establecimiento?- los agentes del Estado  y los civiles que patrocinaron atroces delitos?
Variadas son las indicaciones empíricas que evidencian que en la actual etapa de la guerra interna en Colombia, el imperio norteamericano y una fracción del bloque en el poder, por variadas razones, están buscando un final negociado del conflicto interno armado  siendo la más importante la necesidad de brindarle seguridad jurídica y fáctica a la inversión extranjera directa, en lo básico orientada ahora hacia la economía extractiva. En la primera etapa del siglo XXI- durante el octoenio de Uribe Vélez y  apoyado por el actual presidente – buscaron hacerlo por la vía militarista frenando a las Farc en su estrategia de expansión del control territorial pero sin que lograran derrotarla militarmente. Pero, en esta segunda década del nuevo milenio, reorganizadas las Farc en un   nuevo territorio de guerra, decidieron ensayar la vía de la negociación, la de buscar la paz negativa haciendo un mínimo de concesiones pero manteniendo una línea de consolidación del status quo, así como un manejo neoliberal de la etapa post-acuerdos la Habana. De cara a esta posibilidad, Uribe Vélez, el sumiso y disciplinado amigo de Bush, se ha rebelado y ahora, cuando los diálogos en Cuba han empezado a dar un salto casi cualitativo, ha levantado nueve tesis de oposición algunas de ellas duras contra los Estados Unidos, que le han dado forma a un discurso “antiterrorista” para derrotar a los “terroristas de las Farc”,  que estarían buscando  imponer, de modo hegemónico,  la impunidad en los Diálogos de La Habana. Entonces, como para recordar ahora al Uribe Vélez del 10 de marzo del  2005, que cuando estaba negociando con los paramilitares avaló así su Ley de Justicia y Paz en declaraciones  a la W Radio,

Encontrar un buen balance entre paz y justicia es muy difícil, paz sin impunidad, justicia sin sometimiento. Pero le voy a decir: todos los procesos de paz son imperfectos, hasta el límite que me he atrevido a decir lo que ahora repito: en todos esos procesos de paz finalmente uno ve un poquitico de sometimiento en nombre de la justicia y algo de impunidad en nombre de la paz. En esto hay que hablar con toda franqueza. Aquí no hay legislación perfecta. En un proceso de paz queda algo de impunidad; tenemos que buscar que sea la menor posible”.[7]
Pero, no obstante este pasado discursivo y práctico de hace una década, ahora, con motivo del acuerdo sobre La Jurisdicción para la Paz, Uribe Vélez ha  enhebrado su posición en 9 Tesis en las que las palabras  “terrorismo  e impunidad”  recogen y condensan  el poder del lenguaje: 1. No cárcel; 2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo; 3. El acuerdo no excluye  el narcotráfico  como conexo del delito político ( y no es contundente para excluir  el secuestro como conexo del delito político); 4.Igualación de la sociedad civil con el terrorismo; 5. “El gobierno ha aceptado abrir a los terroristas  todas las posibilidades de participación política”; 6. “El gobierno no ha exigido  entrega del dinero para reparar a las víctimas”; 7.”Rechazamos (como acompañante del proceso) la indignante presencia de la dictadura venezolana que ayer no más nos acribilló con genocidios  de centenares de familias colombianas”; 8. “Las facultades ilimitadas al gobierno y la suplantación de la Constitución  contribuirán a una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y los explosivos  del terrorismo”; 9. “El Centro Democrático sigue con el compromiso de interpretar  a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de Estado que se tiene contra la democracia”.[8]

Casi de inmediato, el 25 de septiembre, el embajador de los estados Unidos, Kevin Whitalaken  dijo a Colprensa que estaba “en desacuerdo total con las opiniones del expresidente Uribe”. El Embajador tenía fresca en la memoria la reciente declaración de Uribe, “Deploramos  que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, aplauda un acuerdo que da impunidad al grupo terrorista Farc, impunidad que ese país  nunca le daría a Alkaeda”. Así puntualizó el embajador norteamericano su desacuerdo con el expresidente Uribe,
Dijo (Uribe) que se trata de impunidad, pero el acuerdo habla de no repetición y de otros elementos de los que se tratan en el punto de la Justicia Transicional  también él (Uribe) hace una equivalencia que nos parece inapropiada y errónea…”. [9]

Pero, si algún sector social  debería haberse movilizado desde el pasado miércoles 23 de septiembre  deberían haber sido las distintas categorías de víctimas, pues el acuerdo  anunciado ese día las transparentaba como sujeto proactivo central de los diálogos de la Habana. Al fin y al cabo la Jurisdicción Especial creada no tenía otro propósito que el de proteger, en el contexto de las lógicas de lo que es una negociación- es decir, cedo para que me cedas- su derecho a la justicia. Dichosamente, desde principios de este 2015, las víctimas, de modo progresivo, han venido configurándose como el disco duro del proceso de negociación. Por otra parte, en esta semana como nunca se ha evidenciado  que una cosa es el planteo teórico según el cual la Justicia Transicional, en primer término, se preocupa por todas las dimensiones de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la justicia y a la reparación y a la no repetición, y otra cosa es comprobar que, en la práctica, cada víctima, de acuerdo con sus condiciones históricas vivenciales muy específicas, privilegian una u otra  de esas dimensiones. Por lo tanto, a este respecto no se puede generalizar afirmando que  todas las víctimas y en todas sus categorías exigen y reclaman la satisfacción de todas las dimensiones de sus derechos. Por ejemplo, un sector importante de las víctimas de las Farc, que no todas, tienden a no perdonar moviéndose, por lo tanto, dentro de la actitud punitiva de exigir para ellas, ante y todo y sobre todo, cárcel y prisión. Representativo es, por ejemplo, el caso del senador Lizcano quien siendo víctima, señala que ha perdonado,  aunque a partir  de allí  no se puede formular  una generalización empírica. Sabemos que muchas víctimas, claro que no están cuantificadas, señalan que condena que no sea cárcel no es condena; pero también sabemos que  para muchas otras-tampoco están cuantificadas – con la cárcel nada resuelven en su intimidad adolorida, pues lo que anhelan es que los victimarios reconozcan a sus víctimas, así como el daño que se les ha causado, que aquel haga un acto público de contrición , un mea culpa, que ayuden a buscar a los desaparecidos, que liberen a todos los secuestrados., que den garantías de reparación y de no repetición. Al azar encontramos, por ejemplo, a Gloria Salamanca, que lleva un año buscando a su hijo desaparecido por las Farc en Nariño, mientras decía,

yo  acepto que los miembros de las Farc que reconozcan sus delitos no vayan a prisión, que entonces, de modo obligado, “trabajen en agricultura  en las  tierras donde sembraron  tanto dolor”. [10]
De todas maneras, aunque técnicamente  sea casi imposible censar la tragedia objetiva  y el dolor de ocho millones de víctimas sí se debe adelantar un censo aproximado por territorios y localidades golpeadas hasta lograr una especie de “mapa o cartografía  de los dolores y sufrimientos   y tragedias de ojalá todas ella”. Esa acción debe estar en manos de las victimas ojalá  asesoradas, en el nivel regional, por los respectivos Nodos de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ.
En la mayor parte de los escritos que se han hecho por estos días se ha caracterizado como histórico lo acaecido en la Habana. Para una buena parte de los historiadores un hecho o evento se califica como histórico cuando, saliéndose de lo común y ordinario, logra condensar e impactar  las contradicciones  y conflictos y problemas y ejes centrales  de tensión, de acción y de pensamiento  de  una sociedad en una etapa o coyuntura de su existencia material y social. Solo el tiempo nos dirá, en el mediano y largo plazo, hasta dónde fue histórica la creación de esa Jurisdicción Especial para la Paz, que apenas es un constructo en emergencia. Pero, en el corto plazo, así lo reflejamos en nuestro libro, esperábamos para “ya” una decisión concertada así. Y ahí reside, su primera y más importante virtud, no fue producto de la imposición de  una parte sobre otra sino de una concertación, que todavía es incompleta porque le falta la  más amplia legitimidad social. Se ha producido un importante paso adelante, pero aún es  mucho lo que falta no sólo para jalonar e impulsar en el país una profunda revolución social y cultural democrática llamada “paz positiva imperfecta”  sino aún para acceder a una paz negativa, a un país sin guerra, sin estrategias de afianzamiento del status quo y dispuesto a cooperar para ponerle punto final a una guerra interna, lo que en sí mismo es importante. Falta  aún,

***terminar el punto 5 sobre víctimas y el tercero sobre el final del conflicto;
***definir los puntos centrales de la implementación de los acuerdos (su formalización jurídica y la  legitimación ciudadana sociopolítica);
***acordar cómo se van a tramitar y discutir las 28 salvedades que existen alrededor  de los tres primeros acuerdos;
***pactar y poner en acción una estrategia de desparamilitarización del país, lo que se impone desde el punto de vista cultural  y como medida de protección de la nueva fuerza política que ingresaría al régimen político;
***definir alguna forma para que los acuerdos centrales entren a hacer parte del llamado “bloque constitucional”.


  










                                                                INDICE DEL LIBRO


LOS DIALOGOS DE LA HABANA, LA COMISIÓN DE HISTORIA DEL CONFLICTO Y DE LAS VÍCTIMAS Y LA COLOMBIANIZACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL.



INTRODUCCIÓN


CAPÍTULO I
Algunas Ideas sobre la Justicia transicional, El margen Nacional de Apreciación, la Justicia Judicial, El nuevo Derecho y la colombianización de la Justicia Transicional.
1.    ¿Qué es la Justicia Transicional?
2.    La doctrina de El Margen Nacional de Apreciación.
3.    Justicia Judicial y Justicia Transicional.
4.    La colombianización de la Justicia Transicional.
5.    El 23  de septiembre del 2015: por fin, un acuerdo estratégico sobre la Justicia: La Jurisdicción Especial  para la Paz.
6.    ¿Será el derecho positivo algo formal, un añadido, una “envoltura”, una mera “enredadera jurídica?


CAPÍTULO II

Los Diálogos de la Habana: etapas y temas, virtudes y falencias.

1.    El problema de las Etapas y Temas.

2.    Los Fundamentos conceptuales de los problemas y dimensiones de la Paz Integral;

3.    ¿Qué Dimensión de Paz podrá brotar de  La Habana?

4.    La Virtudes( la novedad de una etapa exploratoria; la presencia de los militares en el Equipo de Plenipotenciarios del gobierno; los fuertes apoyos internacionales; el manejo prudencial de la información; la apelación a una metodología de negociación probada ya en distintas experiencias internacionales; la producción de tres importantes semi-acuerdos, no obstante las salvedades, en los primeros 20 meses; la visibilización de las víctimas como disco duro de la negociación; y la iniciación de los desminados como acción conjunta de técnicos, militares y guerrilleros).
5.    Las Falencias: la tardanza en abordar la producción de un acuerdo estratégico sobre el Esquema de Justicia a aplicar; la desconexión entre los Diálogos de la Habana y las dinámicas de la guerra interna en Colombia; la tardanza en producir nuevos acuerdos substantivos).
6.    Alunas generalizaciones empíricas sobre las Conversaciones de la Habana.

CAPITULO III
1.    La Conformación de la Comisión: encargos, presentación de resultados y primeras reacciones.
2.    Los Informes y el problema de las RESPONSABILIDADES COLECTIVAS.
3.    Los estudiosos de los Informes empiezan a hablar.
4.    Una primera aproximación al problema de las responsabilidades colectivas.
5.    El asunto de las Cronologías en los distintos  Informes.

CAPITULO IV
1.    La  Violencia política originada en  la década de 1960 en el marco de las violencias políticas de la historia moderna de Colombia:
A.   El Estado en Construcción: 85 años, del siglo XIX, 1818-1903.
B.   El Estado Disputado: 11 años, 1946-1957;
C.   El Estado Cuestionado: 50 años, 1965-2015.
2.    La Regeneración de 1886 o la Conformación de una “forma de Estado estructuralmente opuesta a la  reforma social”.
3.    La Historia de las relaciones de Colombia con el Imperio norteamericano.
4.    Los orígenes del conflicto interno armado o de una forma de violencia política insurgente-contrainsurgente –subversiva.
5.     Los Responsables supremos  colectivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

CAPITULO V
LOS CONTENIDOS  DE LOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE HISTORIA
DEL CONFLICTO Y  EL PROBLEMA
DE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES COLECTIVOS

1.    Sergio de Zubiría: ¿Los máximos responsables colectivos? El Estado y las clases dirigentes  como opositores a los cambios alternativos.
2.    Gustavo  Duncan: El Estado no es responsable, sí lo son guerrilleros y paramilitares.
3.    Jairo Alvarez: El Estado de clase encabeza  el listado de los máximos responsables.
4.     Darío Fajardo: lo son, el Estado con sus políticas agrarias  y los detentadores de la gran propiedad rural.
5.    Javier Giraldo: El Estado es el máximo responsable. 
6.    Renán Vega Cantor: El primer lugar de la responsabilidad colectiva la ocupa la injerencia norteamericana.
7.    Alfredo Molano: ¿Los máximos responsables? El Estado que llevó la guerra al corazón de las autodefensas guerrilleras y los 250 guerrilleros que fundaron las Farc. 
8.    Jorge Giraldo: La máxima responsabilidad la tienen los guerrilleros, pero también hay una responsabilidad compartida, en primer lugar, con narcotraficantes  y paramilitares, y en segundo lugar, con el Estado, dada la ineficacia que para enfrentar la guerra, evidenciaron algunos gobiernos.
9.    Vicente Torrijos: Los máximos responsables son los guerrilleros.
10. María Emma  Wills: Existe una responsabilidad  compartida entre paramilitares, guerrillas y agentes del Estado.
11. Daniel Pecaut: En esta guerra contra la sociedad civil, la responsabilidad la tienen guerrillas, paramilitares y  fuerza pública.
12. Francisco Gutiérrez: Muchos son los responsables, pero los máximos “el puñado de personas que fundaron las Farc”.
13. Víctor Manuel Moncayo: El listado de responsables lo  encabeza el Estado en cuanta máxima expresión del orden capitalista.
14. Eduardo Pizarro: Hablar de responsables significa convertir en jueces a los Informantes.


23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015: POR FIN, UN ACUERDO ESTRATEGICO SOBRE UN ESQUEMA DE JUSTICIA A APLICAR: LA CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

Hasta ahora, septiembre del 2015, tres asuntos nodales estaban pendientes siendo el primero el más importante: de un lado, la definición del Esquema de Justicia a aplicar en esta negociación;  el segundo asociado a la definición de una instancia para darle forma jurídica a los acuerdos pactados; y el tercero, relacionado con los dispositivos orientados a lograr una robusta legitimación ciudadana y sociopolítica del proceso en su conjunto. Como ya se insinuó en la Introducción de este texto,
 transcurridos apenas tres meses desde la segunda crisis grave de los diálogos vivida en junio del 2015, y mientras los asistentes en Ibagué  al VII Congreso Nacional y II Internacional de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ[11], se disponían a  entrar en una teleconversación con el equipo Negociador de las Farc, ese mismo 22 de septiembre a las 3 pm, el acto se suspendió, pues desde la Cuba de Martí se anunció que se estaba dando inicio a la colombianización de la Justicia Transicional mediante la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. .
Fue así como de modo inteligente e imaginativo y sin pedirle permiso a ningún Tribunal Internacional, el gobierno, consensuando con las Farc, abordó el primer asunto, necesario para iluminarle una salida a los otros dos. Fue así, por otra parte,  como en Colombia se aplicó la doctrina del MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN: La singularidad histórica  mundial de nuestro conflicto interno armado y su secular persistencia y sus tremendos impactos sobre el conjunto de la sociedad constituían ya una base robusta para poder proceder sin afectar la normatividad internacional básica.
Este es el texto  en el que se informó sobre la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz[12],
 “1. Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.”
El Tribunal pactado es un órgano  ad hoc con funciones judiciales que busca satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, así como a proporcionar seguridad jurídica a quienes, de modo directo o indirecto, participaron en el conflicto. En su generalidad el acuerdo es preciso, encontrando un primer complemento concreto- y así habrá que especificarlo con otras disposiciones postacuerdo 23 de septiembre- en la medida pactada entre el presidente Santos y Timochenko según la cual las Farc deberán entregar las armas- en nuestra opinión no necesariamente al gobierno, pues podrían hacerlo a las Naciones Unidas o al Vaticano o a un Estado que goce  de la  confianza común- en un plazo de 60 días  tras  la firma  del acuerdo definitivo. Naturalmente, es necesario examinar el acuerdo en   todas sus dimensiones  y detalles, pero en esencia consiste en: a) la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz frente a la cual los acusados (los responsables todos) de haber cometido  crímenes graves y atroces durante la confrontación armada puedan confesarlos; b) la fijación de penas alternativas (entre cinco y ocho años) para aquellos que digan la verdad; c) el señalamiento general de  lugares alternativos donde puedan cumplirse esas penas, aunque no se precisaron Adicionalmente, las partes pusieron una fecha máxima para finalizar el conflicto, antes del 23 de marzo del 2016, y acordaron la dejación de las armas 60 días después.
En nuestra opinión, pero en la medida en que esto sea pactado en la Habana como complemento, la Jurisdicción de Paz, además del Tribunal ya especificado, debería contar con una Comisión Especial Legislativa, conformada por los miembros ya señalados además de la Comisión de Paz del Congreso y de Representantes tanto de las Víctimas como de las dos organizaciones guerrilleras, si es que despega el proceso con el Eln; a esta Comisión le correspondería la formalización jurídica de los acuerdos pactados. 
Y hasta ahora, ningún Tribunal Internacional ha  cuestionado al Estado colombiano por el acuerdo logrado; por el contrario, con una celeridad desacostumbrada en una Entidad Internacional, y, por eso,  sorpresiva y auspiciadora, Fatou  Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, declaró,
se ha dado “un paso significativo hacia el fin del conflicto” y eso “es bienvenido por la Fiscalía”; por otra parte, “noto con optimismo que excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y de lesa humanidad y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”; esto no obstante, dijo que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas como parte de su continuo examen sobre la situación colombiana” y que, “para este fin, su oficina entablará extensas consultas  con el gobierno colombiano y otras partes interesadas, incluyendo víctimas y organizaciones de la sociedad civil pertinentes”.[13]
Con celeridad también apoyaron acuerdo el gobierno norteamericano, Unasur  y CELAC; en Estados Unidos  John Kerry, Secretario de Estado habló de “avance histórico”. En Colombia casi todos los órganos de opinión pública se han pronunciado al respecto: la mayoría para apoyar el acuerdo, una minoría para rechazarlo sin compasión y unos terceros ya  para cuestionar  ya para  avalar un aspecto u otro.[14] Llama la atención que  en el Foro de la Hora 20 de CARACOL realizado el 23 de septiembre, la mayor parte de los entrevistados, con la excepción de los del Centro Democrático de Uribe, o apoyaron con entusiasmo  el acuerdo o  se centraron en formular advertencias sobre limitaciones o peligros emergentes en el inmediato futuro,  así, 
César Gaviria (expresidente liberal): “No tiene cabida decir  que habrá impunidad o que se entregó el país a las Farc”;
Laura Gil (internacionalista): “El mensaje de hoy es que el diálogo sí paga…Si las farc siguen respetando  el cese unilateral de fuego se le devolverá la confianza al proceso y pondrá la refrendación de los acuerdos en otro escenario”;
Enrique Santiago (abogado español, asesor jurídico de las Farc) :”El acuerdo es un antes y un después en materia de derecho internacional…El sistema de justicia , verdad y reparación sólo se cierra con el componente de la no repetición”; “se ha construido un sistema  que acabará la impunidad, toda la que ha habido,  para que todos asuman: es un sistema de justicia prospectiva para las futuras generaciones”;

Carlos Medellín (exministro, víctima indirecta de la toma del Palacio de Justicia) : consideró que “aunque importante y serio  el acuerdo en la Habana,  “ahora comienza un trabajo fuerte frente a temas que no son menores como la amnistía  y la conexidad de delitos  como el narcotráfico con el delito político”; pero, aparte de que esa conexidad no me gusta, negarla como salida sería frenar  el avance de los acuerdos con las Farc; precisó, además, que “el sigilo frente al proceso se acabó; se debe acabar para que no se repita  el fracaso del Palacio de Justicia donde las decisiones se tomaron con sigilo;

Carlos Vicente de Roux (concejal de Bogotá): “Este  acuerdo envía  un mensaje de equilibrio a los militares; las críticas al acuerdo serían válidas  como advertencias  y en ese sentido serían un aporte, pero formularlas con descalificación  es inapropiado;

Juan Carlos Flórez  concejal de Bogotá): “Este es un momento para hacer advertencias sobre el acuerdo de justicia; el momento es para advertir, pero no para crear tabués; acá debería funcionar el principio de que nada está perdonado hasta que todo esté confesado”;

Camilo Gómez (excomisionado de paz del gobierno de Pastrana”: “El punto crítico no es el de las penas sino el tema de la verdad: sin verdad  no habrá perdón, y en consecuencia habrá un rechazo  a la reinserción de los guerrilleros a la  vida civil”;

Mauricio Lizcano (senador liberal que tuvo a su padre secuestrado por las Farc durante nueve años): “Los puntos de acuerdo sobre justicia han sido importantes, el acuerdo es histórico; las Farc han aceptado que son victimarios, aceptan ir a una jurisdicción  a reconocer sus delitos, contar la verdad y someterse a ella;

Luz María Sierra (periodista, editora de la revista Semana): “En el acuerdo sobre justicia la pelea con la opinión será dura y si el gobierno no hace una pedagogía importante , para convencerla, queda un poco corto el proceso de paz…No es fácil vender la idea de que habrá condena, pero para la gente condena sin cárcel no es condena”;

Francisco Bernate (conjuez de la Corte Suprema): destacó que ha empezado un nuevo modelo político colombiano que llevará a replantear el acuerdo de la Constitución de 1991; entonces, “desde su óptica de lo jurídico, quedan interrogantes como la suerte de los que purgan condenas, militares o guerrilleros,  o si puede haber impunidad para el narcotráfico en el punto de la conexidad de este delito con el delito político”;

Angela Robledo (representante del Partido Verde): “Acá no va a haber impunidad…el debate sobre la conexidad ya se ha abordado desde la Corte…El acuerdo blinda contra la impunidad: “como no va a haber impunidad, se obligarán a decir la verdad”;

Néstor Humberto Martínez (Exmnistro de Ministros del gobierno de Santos): advierte que habrá que prever  “una reforma constitucional  ante la posibilidad de que el nuevo mecanismo  para implementar los acuerdos resulte insuficiente”;

Samuel Hoyos (representante del Centro Democrático): “Esto no puede ser el Caquetá por cárcel, hay que garantizar unos mínimos; lo mínimo es que la guerrilla reconozca su responsabilidad con las víctimas y paguen unas penas, así sean reducidas, por crímenes atroces; de resto se corre el riesgo de revivir la violencia”;

Jack Housni (congresista de la Unidad Nacional): “Este es un proceso político y no penal”; entonces, hizo un llamado a “entender cuál es el bien superior  que se busca: la paz”; aún más, “esto tampoco es una rendición”.[15]

Entre los gremios de propietarios entre los que existen importantes fracciones proclives al uribismo, no surgieron críticas al acuerdo, sino, más bien, observaciones y advertencias positivas:[16]

Guillermo Botero Franco(presidente de FENALCO): fue el único en acordarse de que lo de las penas alternativas también  eran para los agentes del Estado: “Es importante rescatar  la decisión de no amnistiar  ni indultar  a quienes cometieron delitos de lesa humanidad  o crímenes de guerra, y bajo este anuncio, crímenes tan complejos, como los “falsos positivos”, podrían pasar a ser juzgados por este Tribunal”;

José Félix Lafourie (presidente de la SAC): “El acuerdo satisface el derecho de las víctimas. Esperamos que el Tribunal Especial sea garante y abra los espacios para que la verdad plena se dé en cada caso”;

Bruce Mackaster (presidente de la Andi):”Este (el de las penas alternativas) era uno de los puntos más sensibles, y seguramente será de los más debatidos, pues el país ha estado dividido en términos de la obligación  que existe o no, de generar prisión alrededor de algunos delitos”;

Rafael, Mejía (presidente de la SAC): “El acuerdo previsto para dentro de 6 meses deja abierto el camino para continuar  sobre lo que ya se ha firmado, porque hay puntos fundamentales pendientes en el campo, los cultivos y el narcotráfico”.
 En el escenario de la política en el establecimiento  también ha sucedido algo parecido no dejando de llamar la atención la posición del expresidente Andrés Pastrana, quien había venido siendo muy crítico del gobierno de Santos,

Andres, Pastrana: “Sobre lo que ha sucedido, el país solo puede regocijarse. Estamos esperanzados  en que las reglas de juego queden claras, que no se afecte el modelo económico ni la confianza de los mercados”.

No puede dejar de llamar la atención el que casi todos estos entrevistados  emitan sus opiniones como si los miembros de las Farc fuesen los únicos victimarios, como si la Jurisdicción Especial para la Paz hubiese sido creada para responsabilizar solamente a los farquianos.¿Dónde quedan, entonces—¿perdonados por su amor al establecimiento?- los agentes del Estado  y los civiles que patrocinaron atroces delitos?
Variadas son las indicaciones empíricas que evidencian que en la actual etapa de la guerra interna en Colombia, el imperio norteamericano y una fracción del bloque en el poder, por variadas razones, están buscando un final negociado del conflicto interno armado  siendo la más importante la necesidad de brindarle seguridad jurídica y fáctica a la inversión extranjera directa, en lo básico orientada ahora hacia la economía extractiva. En la primera etapa del siglo XXI- durante el octoenio de Uribe Vélez apoyado por el actual presidente – buscaron hacerlo por la vía militarista frenando a las Farc en su estrategia de expansión del control territorial pero sin que lograran derrotarla militarmente. Pero, en esta segunda década del nuevo milenio, reorganizadas las Farc en un   nuevo territorio de guerra, decidieron ensayar la vía de la negociación, la de buscar la paz negativa haciendo un mínimo de concesiones pero manteniendo una línea de consolidación del status quo, así como un manejo neoliberal de la etapa post-acuerdos la Habana. De cara a esta posibilidad, Uribe Vélez, el sumiso y disciplinado amigo de Bush, se ha rebelado y ahora, cuando los diálogos en Cuba han empezado a dar un salto casi cualitativo, ha levantado nueve tesis de oposición algunas de ellas duras contra los Estados Unidos, que le han dado forma a un discurso “antiterrorista” para derrotar a los “terroristas de las Farc”,  que estarían buscando  imponer, de modo hegemónico,  la impunidad en los Diálogos de La Habana. Entonces, como para recordar ahora al Uribe Vélez del 10 de marzo del  2005, que cuando estaba negociando con los paramilitares avaló así su Ley de Justicia y Paz en declaraciones  a la W Radio,

Encontrar un buen balance entre paz y justicia es muy difícil, paz sin impunidad, justicia sin sometimiento. Pero le voy a decir: todos los procesos de paz son imperfectos, hasta el límite que me he atrevido a decir lo que ahora repito: en todos esos procesos de paz finalmente uno ve un poquitico de sometimiento en nombre de la justicia y algo de impunidad en nombre de la paz. En esto hay que hablar con toda franqueza. Aquí no hay legislación perfecta. En un proceso de paz queda algo de impunidad; tenemos que buscar que sea la menor posible”.[17]
Pero, no obstante este pasado discursivo y práctico de hace una década, ahora, con motivo del acuerdo sobre La Jurisdicción para la Paz, Uribe Vélez ha  enhebrado su posición en 9 Tesis en las que las palabras  “terrorismo  e impunidad”  recogen el poder del lenguaje: 1. No cárcel; 2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo; 3. El acuerdo no excluye  el narcotráfico  como conexo del delito político ( y no es contundente para excluir  el secuestro como conexo del delito político); 4.Igualación de la sociedad civil con el terrorismo; 5. “El gobierno ha aceptado abrir a los terroristas  todas las posibilidades de participación política”; 6. “El gobierno no ha exigido  entrega del dinero para reparar a las víctimas”; 7.”Rechazamos (como acompañante del proceso) la indignante presencia de la dictadura venezolana que ayer no más nos acribilló con genocidios  de centenares de familias colombianas”; 8. “Las facultades ilimitadas al gobierno y la suplantación de la Constitución  contribuirán a una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y los explosivos  del terrorismo”; 9. “El Centro Democrático sigue con el compromiso de interpretar  a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de Estado que se tiene contra la democracia”.[18]

Casi de inmediato, el 25 de septiembre, el embajador de los estados Unidos, Kevin Whitalaken  dijo a Colprensa que estaba “en desacuerdo total con las opiniones del expresidente Uribe”. El Embajador tenía fresca en la memoria la reciente declaración de Uribe, “Deploramos  que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, aplauda un acuerdo que da impunidad al grupo terrorista Farc, impunidad que ese país  nunca le daría a Alkaeda”. Así puntualizó el embajador norteamericano su desacuerdo con el expresidente Uribe :”Dijo (Uribe) que se trata de impunidad , pero el acuerdo habla de no repetición y de otros elementos de los que se tratan en el punto de la Justicia Transicional(…), también él (Uribe) hace una equivalencia que nos parece inapropiada y errónea…”. [19]
Pero, si algún sector social  debería haberse movilizado desde el pasado miércoles 23 de septiembre  deberían haber sido las distintas categorías de víctimas, pues el acuerdo  anunciado ese día las hacía emerger como sujeto proactivo central de los diálogos de la Habana. Al fin y al cabo la Jurisdicción Especial creada no tenía otro propósito que el de proteger, en el contexto de las lógicas de lo que es una negociación- es decir, cedo para que me cedas- su derecho a la justicia. Dichosamente, desde principios de este 2015, las víctimas, de modo progresivo, han venido configurándose como el disco duro del proceso de negociación. Por otra parte, en esta semana como nunca se ha evidenciado  que una cosa es el planteo teórico según el cual la Justicia Transicional, en primer término, se preocupa por todas las dimensiones de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la justicia y a la reparación y a la no repetición, y otra cosa es comprobar que, en la práctica, cada víctima, de acuerdo con sus condiciones históricas vivenciales muy específicas, privilegian una o dos de esas dimensiones. Por lo tanto, a este respecto no se puede generalizar afirmando que  todas las víctimas y en todas sus categorías exigen y reclaman la satisfacción de todas las dimensiones de sus derechos. Por ejemplo, un sector importante de las víctimas de las Farc, que no todas, tienden a no perdonar moviéndose, por lo tanto, dentro de la actitud punitiva de exigir para ellas, ante y todo y sobre todo, cárcel y prisión. Representativo es, por ejemplo, el caso del senador Lizcano aunque a partir  de allí  no se puede formular  una generalización empírica. Sabemos que muchas víctimas, claro que no están cuantificadas, señalan que condena que no sea cárcel no es condena; pero también sabemos que  para muchas otras-tampoco están cuantificadas – con la cárcel nada resuelven en su intimidad adolorida, pues lo que anhelan es que los victimarios reconozcan a sus víctimas, así como el daño que se les ha causado, que aquel haga un acto público de contrición , un mea culpa, que ayuden a buscar a los desaparecidos, que liberen a todos los secuestrados., que den garantías de reparación y de no repetición. Al azar encontramos, por ejemplo, a Gloria Salamanca, que lleva un año buscando a su hijo desaparecido por las Farc en Nariño, mientras decía,

yo  acepto que los miembros de las Farc que reconozcan sus delitos no vayan a prisión, que entonces, de modo obligado, “trabajen en agricultura  en las  tierras donde sembraron  tanto dolor”. [20]
De todas maneras, aunque técnicamente  sea casi imposible censar la tragedia objetiva  y el dolor de ocho millones de víctimas sí se debe adelantar un censo aproximado por territorios y localidades golpeadas hasta lograr una especie de mapa o cartografía  de los dolores, y sufrimientos   y tragedias de las víctimas. .















[1] . Congreso realizado en la Universidad del Tolima entre  el 21 y  el 23 de septiembre del 2015.
[2]. Comunicado conjunto no 60, Texto  del Acuerdo firmado en la Habana-Cuba el 23 de septiembre del 2015, radiomacondo.fm/2015/o9/24/texto-del-acuerdo-firmado-en-la-habana-entre-el-gobierno-y-las-farc…
[4] . He aquí una pequeña muestra de artículos publicados en la primera semna del acuerdo:  Uribe, Diana, “La paz estácerca”, http://mail.google.com/; conozca los mejores videos del General Mora sobre el Acuerdo”, htpp://www.semana.com/nacion/multumediael-generl-mora-habla ; Agencia Colombiana de la Reintegracion, ACR, “Entre 20.000 y 30.000 desmovilizados generaría  acuerdo conlas Farc”, htpp:www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/entre-20.000-y-30.000- ; “Intervención del Comandante Timoleón Jiménez en el cierre del acuerdo”, http://google.com/, Salmón Urbano, Revista cultural; Londoño, Margarita, “!Cesó la horrible noche!”, www.las2orillas.com ; Jimenez, Jaime, “Uribe y el Centro Democrático desvarían  entorno a la paz en Colombia”, REBELIÓN; García Abello Yezid, “La terminación del conflicto es un paso fundamental  para la construcción de la paz en Colombia”, https://mail.google.com/ ; Agencia de Comunicación de los Pueblos, “Tras los acuerdos de la Habana se impone abrir canales a la participación de las mayorías”, 25-09-2015; 2Las críticas del Uribismo al acuerdo Gobierno-Farc logrado en la Habana”, www.kienyke.com , 24-09-2015; Bonilla, María Elvira, “Que cese el odio”, El Pais, Cali, 25-09-2015; Gutierrez Sanín, Francisco, “Qué importante  es el cuerdo e justicia logrado en la Habana”, El Espectador, 24-09-2015; Guerrero, Arturo, “No más patria o muerte”, El Espectador, 24-09-2015; Rodriguez  Garavito, César, “Justicia, Cárcel y Paz”, El Espectador, 24-09-2015; Arteta Dávila, David, “Santos y Timoleón: por el aro del establecimiento”. Semana, 25-09-2015; Hocchschild, Fabricio, “El avance en el proceso de paz es una luz de esperanza”, EL Nuevo Siglo, 24-09-2015; “Negociadores le pisarán el acelerador  al proceso”, El Nuevo Siglo, 25-09-2015; Santos Molano, Enrique, “A las puertas de la paz”, El Tiempo, 24-09-2015; Sierra Restrepo, Alvaro, “La paz de los mil días”, El Tiempo, 24-09-2015; Silva Romero, Ricardo, “Demasiados colombianos  siguen …a decir “en marzo se firmará la paz”, El Tiempo, 24-09-2015; Gómez Maseri, Sergio, “Estados Unidos repetará lo que diga Colombia” (Bernard Oronson), El Tiempo, 25-09-2015; Ortiz, Gabriel, “Blanco y  Negro Paz sin paredón”, Columnistas Libres, 25-09-2015; Ruiz S. Carlos Alberto, “Derechos y coherencias de una transición”, Columnistas Libres, 24-09-2025; Torres C, César Augusto, “Estos son los puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz”, www.elcolombiano.com, ; “La Jurisdicci´´on Especial de Paz: entre   la norma jurídica y   la norma social”, Escuela Judicial “Rodrigo Bonilla Lara”; “La Jurisddicón Especial para la Paz aún no es clara: General Ruiz” , www.cmi.com.co/jurisdicción-especial-para-la-paz-no-es-clara ; “Hacia cuatro Jurisdicciones Especiales, UNAD Universidad Nacional Abierta, www,datateca.unad.edu.co; Cardona Franco, Yetza, “Es la Jurisdicción especial de Paz expresión del pluralismo jurídico?, U. de Caldas, maximogris.net/revista/?p=1446 ; “Izquierda Unida (España) saluda el acuerdo…”, www.tercerainformacion.es/spip.php?article92276 ; “Víctimas de las Farc hablan  de perdón y reconciliación “,  rafaelpardo.co/víctimas-de-las-farc-…, 24-09-2015; FORO  de víctimas de las Farc organizado por el senador Lizcano”, www.senado.gov.co/.../la-victima-es-la-que-perdona-no-el-estado ; Dorado, Fernando. “Proceso de Paz, ¿nueva fase?, http://viva.org.co/cajavirtual/suc0465/articulo06.html ; López Patiño, Maria del Pilar, “Ciudadanía colombiana...momento de comprometerse  con la refundación de los acuerdos de la Habana”, http://viva.org.co/cajavirtual/suc0465/articulo03.html ; “El  proceso colombiano es uno solo”, entrevista de Sergio Ferrari y otro a Nicolás Rodríguez, 19 septiembre de 2015, http://viva.org.co/cajavirtual/suc0465/articulo02.html ; “El fracaso de la guerrilla colombiana, 50 años de una estrategia y unos métodos errados, oficinaprensa_pst_c@hotmail.com; Quintero, Octavio, “No son todos los que están, ni están todos los que son”, Columnistas Libres, periodicoelsatelite@hotmail.com, 27-09-2015; Caballero, Antonio, “Nueve Mentiras”. Semana, septiembre 27 octubre 4, pg. 153; Cabrera Galvis, Mauricio “Confesión de boca y satisfacción de obra”, El Universal, 27-09-2015; “Lo que pocos saben de Alias ‘Timochenko’. El Tiempo-Unidad Investigativa, 27-09-2015; Valencia, León, “La hora definitiva de Uribe”, Semana, septiembre 27 a octubre 4 del 2015, pg. 51; Samper Ospina, Daniel, “ ¡exclusivo! La grabación secreta Santos y Timochenko”, Semana, septiembre 27 octubre 4 de 2015, pg. 162; “PARA LA HISTORIA. Quépara Colombia el acuerdo firmado entre el presidente  y el jefe de las Farc. Análisis de Semana, septiembre 27-octubre 4, 2015, pgs.22-36; Uprimny, Rodrigo, “Justicia imperfecta, Paz posible”. El Espectador, 26-09-2015 pg ; “En nuestras manos”, EDITORIAL, El Espectador, 26-09-2015; Molano, Alfredo, “!De Frente…arrr!”, 26-09-2015, pg; Lozada, Carlos Antonio (miembro del Secretariado de las Farc), “La Foto”, 26-09-2015; Vargas Velasquez, Alejo, “Gran paso hacia el fin del conflicto”, El Colombiano, 27-09-2015; Kerman. Yohir, “Memoria Documental”, El Espectador, 27-09-2015; García Segura, Hugo, “Los arquitectos del acuerdo”, www.las2orillas.co/ , 27-09-2015.; Alvarez Gardeazabal, Gustavo, “Las puertas del cielo”, Publicado en ADN, 24-O9-2015; Mera Villamizar, Daniel, “Paz: gana el país, pierden las farc”        , El Espectador, 25-09-2015; Villegas García, Mauricio, “Los beneficios inmateriales del acuerdo”, El Espectador, 25-09-2015; Ochoa, Juan David, “No retorno”, El Espectador”, 25-09-2015; “Seis meses para la paz”, Columnistas Libres, 23-09-2015; “El Capítulo final”, El Espectador, 27-09-2015, pgs. 2 a 19; Molano, Alfredo, “Explicación punto a punto de lo que el Gobierno y las Farc han acordado en la mesa de diálogos de la Habana”, El Espectador, 27-09-2015, pgs. 6 a 8; “El camino que falta andar para la paz”, El Espectador, 27-09-2015, pgs. 10-11; “Las lecciones de la historia”, El Espectador, 27-09-2015, pg.12; “Los condenados del conflicto podrá beneficiarse”, Entrevista  al Ministro de Justicia, Yesid Reyes, El Espectador, 27-09-2015, pgs. 14 a 17; Rodriguez Garavito, César, La ley de amnistía será clave. “La suave venganza de la Paz”, El Espectador, 27-09-2015, pgs.18 y 19; Azuero Quijano, Alejandra, “Un buen modelo de investigación”. Una conocedora de la forma como nació la Unidad de Análisis y Contexto en la Fiscalía  defiende su creación  y critica  la forma como fue cambiada. El Espectador, 27-09-2015, pgs. 20 a 22; Gunter Knies, Embajador de Alemania en Colombia. “Creemos que habrá acuerdo  entre el gobierno y las Farc”, El Espectador, Suplemento de las Naciones, 27-09-2015, PG. 2; Gonzalez, Sergio David, “Desafíos económicos de la paz “. El postconflicto costaría  90 billones en la próxima década, El Espectador, El Salmón, 27-09-2015, pg. 6; Reyes Posada, Alejandro, “Juzgar la guerra y distribuir la tierra para la paz”, El Espectador, 27-09-2015, pg. 88; Bejarano Guzmán, Ramiro, “No se dejen enredar”, El Espectador, 27-09-2015, pgs. 88 y 89; Montenegro, Armando, “La Hora de la plata”, El Espectador, 27-09-2015; pg. 89; Ospina, William, “Los Invisibles”, El Espectador, 27-09-2015, pg. 90; Kai Ambos, “ ¡Tanta justicia sí permite la paz! “, El Espectador, 27-09-2015, pg. 91; Barbosa, Francisco, “Lo que falta del proceso de paz”. Una cosa es hacer  paz que implica una firma y varias fotos y otra cosa es construirla y blindarla. El Tiempo, 28-09-2015; Acevedo C, Rubén Darío, “El golpe de Estado y la Transición”. Reflexiones en torno a la concepción del Alto Comisionado de la Paz sobre la transición en Colombia.  Ventanaabiert.blogspirit.com, 21-09-2015; Semana, Informe Especial, PARA LA HISTORIA, Edición 1743, septiembre 27 a octubre 4, pgs.23-36; “EL CAPÍULO FINAL”, El Espectador, 27-09-2015, pgs. 6-22 ( trae los siguientes artículos, “Los arquitectos del acuerdo”; “Explicación punto a punto de lo que el gobierno y ls farc han acordado”; “El  camino  que falta para andar la paz”; “Las lecciones de la historia”; “Los condenados del conflicto podrán beneficiarse”; “La suave venganza de la paz”; LA UNAC, “Un buen modelo de investigación”; RAZÓN PÚBLICA, 29-09-2015 (trae los siguientes artículos, “Ya estamso probando los beneficios de la paz”; “Ek delito político como instrumento de paz”; “Los peligros del afán en la última etapa”); Gutiérrez, José Antonio, “procesos de paz, lucha de clases y las batallas del post-conflicto, 28-09-2015; Uribe, Diana, “Que la memoria nos sirva para llegar al perdón  y no para eternizar las venganzas”, 29-=9-2015; “Quién es el más beneficiado con los avances del proceso?, El País, Cali, 27-09-2015, pg.A2; Melo, Romero, César, “Incautarán bienes  por 68 mil millones a las Farc”, El País, Cali, 27-09-2015, pg. A3;”Las Farc en el Suroccidente  en manos  de los mandos medios”, Redación de El País, Cali, 27-09-2015,pg. A4;Yances, Germán, “Medios  de comunicación , escenarios de guerra”, El País, Cali, 27-09-2015, pg. A5; Rojas, Jorge Enrique, “La huella que deja el conflicto en Toribío”, El País, Cali, 27-09-2015, A6; “Sentimos que se ve la luz al final del túnel: Santos”, Entrevista de Alfonso Ospina a Santos, El País, 27-09-2015; El tiempo, 27—09-2015 (trae ls siguiente artículos: “   e             l 2016 será el año de la paz en Colombia: Santos”, Entrevista de Daniel Valero; Gómez Giraldo Marisol, “Lo que sigue para cerrar el conflicto con las Farc”; “El mundo aplaudió el acuerdo”; “3o preguntas claves para entender lo que se acordó”, Redacción domingo “Jamás se pensó en abrir la puerta para juzagr expresidentes”, Manuel José CEPEDA explica los alcances de ese acuerdo; “El acuerdo tiene el aval de todos  los militares”. El General Mora  defiende lo pactado.
[5] . caracol.com.co/programa/hora_20/, FORO LA HORA 20, 23-09-2015.
[6] . “Penas alternativas no gustan a todas las víctimas de las Farc”,  El Tiempo, 24-09-2015.
[7] . “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Memoria Documental 2005-2007, pg. 64.
[8] . hsbnoticias.com/noticias/política/senador-alvaro-uribe-reveló-análisis-sobre-la-jurisdiccion-160281.
[11] . Congreso realizado en la Universidad del Tolima entre  el 21 y el 23 de septiembre del 2015.
[12]. Comunicado conjunto no 60, Texto  del Acuerdo firmado en la Habana-Cuba el 23 de septiembre del 2015, radiomacondo.fm/2015/o9/24/texto-del-acuerdo-firmado-en-la-habana-entre-el-gobierno-y-las-farc…
[14] . He aquí una pequeña muestra de artículos publicados en los cinco primeros días del acuerdo:  Uribe, Diana, “La paz estácerca”, http://mail.google.com/; conozca los mejores videos del General Mora sobre el Acuerdo”, htpp://www.semana.com/nacion/multumediael-generl-mora-habla ; Agencia Colombiana de la Reintegracion, ACR, “Entre 20.000 y 30.000 desmovilizados generaría  acuerdo conlas Farc”, htpp:www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/entre-20.000-y-30.000- ; “Intervención del Comandante Timoleón Jiménez en el cierre del acuerdo”, http://google.com/, Salmón Urbano, Revista cultural; Londoño, Margarita, “!Cesó la horrible noche!”, www.las2orillas.com ; Jimenez, Jaime, “Uribe y el Centro Democrático desvarían  entorno a la paz en Colombia”, REBELIÓN; García Abello Yezid, “La terminación del conflicto es un paso fundamental  para la construcción de la paz en Colombia”, https://mail.google.com/ ; Agencia de Comunicación de los Pueblos, “Tras los acuerdos de la Habana se impone abrir canales a la participación de las mayorías”, 25-09-2015; 2Las críticas del Uribismo al acuerdo Gobierno-Farc logrado en la Habana”, www.kienyke.com , 24-09-2015; Bonilla, María Elvira, “Que cese el odio”, El Pais, Cali, 25-09-2015; Gutierrez Sanín, Francisco, “Qué importante  es el cuerdo e justicia logrado en la Habana”, El Espectador, 24-09-2015; Guerrero, Arturo, “No más patria o muerte”, El Espectador, 24-09-2015; Rodriguez  Garavito, César, “Justicia, Cárcel y Paz”, El Espectador, 24-09-2015; Arteta Dávila, David, “Santos y Timoleón: por el aro del establecimiento”. Semana, 25-09-2015; Hocchschild, Fabricio, “El avance en el proceso de paz es una luz de esperanza”, EL Nuevo Siglo, 24-09-2015; “Negociadores le pisarán el acelerador  al proceso”, El Nuevo Siglo, 25-09-2015; Santos Molano, Enrique, “A las puertas de la paz”, El Tiempo, 24-09-2015; Sierra Restrepo, Alvaro, “La paz de los mil días”, El Tiempo, 24-09-2015; Silva Romero, Ricardo, “Demasiados colombianos  siguen …a decir “en marzo se firmará la paz”, El Tiempo, 24-09-2015; Gómez Maseri, Sergio, “Estados Unidos repetará lo que diga Colombia” (Bernard Oronson), El Tiempo, 25-09-2015; Ortiz, Gabriel, “Blanco y  Negro Paz sin paredón”, Columnistas Libres, 25-09-2015; Ruiz S. Carlos Alberto, “Derechos y coherencias de una transición”, Columnistas Libres, 24-09-2025; Torres C, César Augusto, “Estos son los puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz”, www.elcolombiano.com, ; “La Jurisdicci´´on Especial de Paz: entre   la norma jurídica y   la norma social”, Escuela Judicial “Rodrigo Bonilla Lara”; “La Jurisddicón Especial para la Paz aún no es clara: General Ruiz” , www.cmi.com.co/jurisdicción-especial-para-la-paz-no-es-clara ; “Hacia cuatro Jurisdicciones Especiales, UNAD Universidad Nacional Abierta, www,datateca.unad.edu.co; Cardona Franco, Yetza, “Es la Jurisdicción especial de Paz expresión del pluralismo jurídico?, U. de Caldas, maximogris.net/revista/?p=1446 ; “Izquierda Unida (España) saluda el acuerdo…”, www.tercerainformacion.es/spip.php?article92276 ; “Víctimas de las Farc hablan  de perdón y reconciliación “,  rafaelpardo.co/víctimas-de-las-farc-…, 24-09-2015; FORO  de víctimas de las Farc organizado por el senador Lizcano”, www.senado.gov.co/.../la-victima-es-la-que-perdona-no-el-estado ; Dorado, Fernando. “Proceso de Paz, ¿nueva fase?, http://viva.org.co/cajavirtual/suc0465/articulo06.html ; López Patiño, Maria del Pilar, “Ciudadanía colombiana...momento de comprometerse  con la refundación de los acuerdos de la Habana”, http://viva.org.co/cajavirtual/suc0465/articulo03.html ; “El  proceso colombiano es uno solo”, entrevista de Sergio Ferrari y otro a Nicolás Rodríguez, 19 septiembre de 2015, http://viva.org.co/cajavirtual/suc0465/articulo02.html ; “El fracaso de la guerrilla colombiana, 50 años de una estrategia y unos métodos errados, oficinaprensa_pst_c@hotmail.com; Quintero, Octavio, “No son todos los que están, ni están todos los que son”, Columnistas Libres, periodicoelsatelite@hotmail.com, 27-09-2015; Caballero, Antonio, “Nueve Mentiras”. Semana, septiembre 27 octubre 4, pg. 153; Cabrera Galvis, Mauricio “Confesión de boca y satisfacción de obra”, El Universal, 27-09-2015; “Lo que pocos saben de Alias ‘Timochenko’. El Tiempo-Unidad Investigativa, 27-09-2015; Valencia, León, “La hora definitiva de Uribe”, Semana, septiembre 27 a octubre 4 del 2015, pg. 51; Samper Ospina, Daniel, “ ¡exclusivo! La grabación secreta Santos y Timochenko”, Semana, septiembre 27 octubre 4 de 2015, pg. 162; “PARA LA HISTORIA. Qué significa para Colombia el acuerdo firmado entre el presidente  y el jefe de las Farc. Análisis de Semana, septiembre 27-octubre 4, 2015, pgs.22-36; Uprimny, Rodrigo, “Justicia imperfecta, Paz posible”. El Espectador, 26-09-2015 pg ; “En nuestras manos”, EDITORIAL, El Espectador, 26-09-2015; Molano, Alfredo, “!De Frente…arrr!”, 26-09-2015, pg; Lozada, Carlos Antonio (miembro del Secretariado de las Farc), “La Foto”, 26-09-2015; Vargas Velasquez, Alejo, “Gran paso hacia el fin del conflicto”, El Colombiano, 27-09-2015; Kerman. Yohir, “Memoria Documental”, El Espectador, 27-09-2015; García Segura, Hugo, “Los arquitectos del acuerdo”, www.las2orillas.co/ , 27-09-2015.; Alvarez Gardeazabal, Gustavo, “Las puertas del cielo”, Publicado en ADN, 24-O9-2015; Mera Villamizar, Daniel, “Paz: gana el país, pierden las farc”               , El Espectador, 25-09-2015; Villegas García, Mauricio, “Los beneficios inmateriales del acuerdo”, El Espectador, 25-09-2015; Ochoa, Juan David, “No retorno”, El Espectador”, 25-09-2015; “Seis meses para la paz”, Columnistas Libres, 23-09-2015;
[15] . caracol.com.co/programa/hora_20/, FORO LA HORA 20, 23-09-2015.
[16] . “Penas alternativas no gustan a todas las víctimas de las Farc”, El Tiempo, 24-09-2015.
[17] . “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Memoria Documental 2005-2007, pg. 64.
[18] . hsbnoticias.com/noticias/política/senador-alvaro-uribe-reveló-análisis-sobre-la-jurisdiccion-160281.
[20] .www. eltiempo.com/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA-GALERÍA .