ATISBO ANALÍTICO N°253, Armenia, REDUNIPAZ, noviembre 23 de 2016, ECOPAIS, un Nuevo estado para un Nuevo país, Humberto Vélez r.
con la viscosa oposición del uribismo y la más disruptiva
del neoparamilitarismo, el nuevo acuerdo de paz
se ha abierto camino.
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Si
el nuevo Acuerdo de Paz, de pacificación lo llamamos nosotros, no encuentra su refrendación definitiva antes
de que el presidente Santos vaya a Europa, o sea antes del 10 de diciembre, a
recibir el Nobel de las Víctimas, es muy posible que algo tan voluntarioso y
funcional y bondadoso como el Cese bilateral del fuego lo dinamite en mil
astillas. Por mucho que en estos Atisbos hayamos anhelado los escenarios de una Asamblea Nacional Constituyente o el
de los 1.200 municipios colombianos constituidos en Cabidos Abiertos, estos 18
días son definitivos, pues tendrá que ser
ya, en la hora de ahora, o Colombia tendrá otras décadas más
de la más bárbara y desregulada
guerra. Después de lo acontecido ayer
21 de noviembre cuando el Uribismo se colocó donde debía estar, en la
oposición al anterior y al nuevo Acuerdo, a este sólo le faltan tres cosas que
no pueden enredarse a punta de leguleyismo:
PRIMERA: UNA DESEABLE REFRENDACIÓN O LEGITIMACION SOCIOCIUDADANA. Ya no hay tiempo para un nuevo Plebiscito; por otra parte, el presidente Santos, constitucionalmente ya no está obligado a realizarlo, pues en su segunda presidencia recibió el mandato de buscar la paz; y en tercer lugar, nos guste o nos disguste, el Congreso, que es un órgano de elección popular, puede legitimarlo apelando al Acto Legislativo de la Paz, que si ya no está vigente, lo puede reformalizar en sesiones muy rápidas del Congreso.
SEGUNDA: UNA NECESARIA REFRENDACION NORMATIVA, ES DECIR ASIGNARLE VALOR JURÍDICO, COMO DECIR, ATESTIGAR ANTE COLOMBIA Y EL MUNDO QUE ESE ACUERDO POSEE VALOR LEGAL. Por una vía similar a la anterior, esta operación también la puede realizar el Congreso. Y no es que éste no pueda echar para atrás el nuevo Acuerdo, pero en la actualidad todo el mundo sabe que tiene las mayorías para aprobarlo, capacidad política que no posee el Uribismo para desaprobarlo.
Y TERCERA : SU MÁS SANA Y SALUDABLE Y SOCIALMENTE SUPERVISADA IMPLEMENTACIÓN. En nuestra opinión, la implementación legal del nuevo Acuerdo, mediante reformas legales y un paquete robusto de proyectos, no va a ser tan dificultosa, pues, en elevada medida y en muchos aspectos, tal como veremos, ese nuevo pacto no es más que la aplicación efectiva de la Constitución de 1991.
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Al condensar, en apretada síntesis el contenido del Acuerdo originario, así lo recogimos en el Atisbos Analíticos No 252 del 3 de noviembre del presente año[1]:
a. Durante 100 horas , el Equipo
Negociador de Santos escuchó a las
distintas fracciones de El No y en una relatoría que recogía 410 propuestas, el 6 de noviembre se fue a la
Habana a renegociarlas con las Farc;
b. El título del Atisbos 252 recogió así el
espíritu y las lógicas del nuevo
Acuerdo: “De las 410 propuestas, ni mucho de “lo aceptable” por
desorganizarlo; ni “lo inviable” por
anularlo; pero sí “lo indispensable para
salvarlo”;
c. La lógica del Nuevo Acuerdo sólo se hace inteligible
recordando la índole y los alcances del
Acuerdo originario, que no era más que una
propuesta de inicio de la pacificación del país- o de dejar de matarnos-,
la que, no obstante sus abundantes 297 páginas,
sólo tenía siete componentes muy concretos, así: Primero: el inicio de la pacificación mediante la dejación
de las armas; Segundo: la
transición de las Farc de la política a tiros a la política por la vía del
juego democrático; Tercero: la
puesta en marcha de un Acuerdo Agrario Integral, que no implicaba una reforma
agraria pero sí, entre otras cosas importantes, un obligar al componente zonal improductivo de los latifundios, casi
todos con vocación agrícola, a cumplir con la función social de la propiedad
privada constitucionalmente establecida en Colombia desde 1936; Cuarto: la gestación de condiciones institucionales, fiscales y culturales para
impulsar la vigencia de la muy constitucional democracia de participación
ciudadana; Quinto: la ruptura
de las Farc con todas las formas de
relación con el narcotráfico, así como su cooperación efectiva para aplicar una
política social humanitaria a la masa de pequeños productores de drogas ilícitas;
Sexto: la colombianización de
la Justicia Transicional bajo la novedosa forma de una Jurisdicción y de unos
Tribunales Especiales de Paz atravesadas por la idea teórica y práctica de los
derechos de las víctimas como referente central; y Séptimo: el acompañamiento de las Naciones Unidas , sobre
todo y ante todo, para hacer el monitoreo
y la verificación de la dejación de armas, para realizar acciones conjuntas con
miembros del Ejército orientadas a reparar a las víctimas, para garantizar la
seguridad de los miembros de las Farc y para facilitarles sus incorporación a
la vida civil;
d. Entonces, bueno, regular o pésimo, ése
fue el contenido básico del Acuerdo originario; lo demás no fue más que
agregados de los distintos grupos de
interés;
e. La producción de un Nuevo Acuerdo, se dijo en el Atisbos 252,
exige que la dimensión consensual- su construcción a partir de las diferencias
y distancias que no anulen su substancia
originaria- predominen sobre su
dimensión coercitiva – aparentar
negociar para distraer la atención, para
ganar tiempo y para dilatar tal como lo hizo la fracción líder del No;
f. Aún más, no se podrá olvidar que una de las fracciones del No, precisamente
la uribista, no solamente se ha opuesto a los diálogos
de la Habana en sí, sino que, detrás de esa postura ha ocultado la real
oposición de un sector del bloque en el poder a toda reforma social importante
no importa que ésta sólo tenga un alcance democapitalista tal como ha sucedido
con el Acuerdo rural integral al que han asumido como un ataque contra la
propiedad privada; y
g. Finalmente así recogimos en el Atisbos 252,
las siete razones que, en la etapa postplebiscito, han robustecido la necesidad
de unos Acuerdos serios con las guerrillas: En esta coyuntura post plebiscito,
los partidarios del no podrán pasar por alto que la opción de insistir en los diálogos con la guerrilla
hasta alcanzar la pacificación se ha
cualificado, así: 1. la irrupción proactiva de la juventud estudiosa a favor
del dejar de matarnos ha sido vigorosa;
2. según la última encuesta de Gallup, esa opción ha alcanzado un 77% de respaldo
ciudadano, el más elevado en 16 años[2]; 3. de acuerdo con esta
misma Encuesta, realizada la última semana de octubre, la disminuida imagen de
las Farc mejoró a un 19%; 4. varios
de los responsables del NO, sobre todo
Pastrana y Marta Lucía Ramírez han evidenciado no compartir el conjunto de los
cuestionamientos de Uribe; 5. la misma jerarquía católica, que en el plebiscito se casó con la tesis de la neutralidad, en reunión con delegados
del gobierno precisó, “esta oportunidad de paz con las Farc no se puede dejar
pasar”; 6. Héctor José Pardo, uno de los pastores que viajaron a la Habana para
dialogar con las Farc, ha declarado: que solicitaron cambiar el “enfoque de género por el del
derecho de las mujeres”, pero que “nuestra preocupación no tiene que ver con que los jefes guerrilleros no vayan a la cárcel o con que participen en
política. Queremos la paz y esperamos
que se logre el acuerdo”[3]; y 7.como nunca en relación con Colombia, la
opinión internacional se ha dolido tanto por lo que sucedió en el
país con los resultados del Plebiscito.
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Teniendo como referente los ya citados 7 componentes concretos del Acuerdo originario, veamos ahora cuáles fueron los cambios, ajustes y precisiones recogidos en el Nuevo Acuerdo:
a.
El proceso de dejación de las armas:
recordar que
este proceso quedó trunco con los
resultados del Plebiscito y al respecto, nada cambió en materia de
tres fases para que las Farc se concentren en campamentos y veredas en un plazo
de 180 días contados a partir de la firma del nuevo Acuerdo para hacer la
entrega de las armas a la ONU
b.
La participación en política de las
Farc: de acuerdo
con Humberto De La Calle, de modo
explícito se excluyó a las Farc de la posibilidad de presentar candidatos
propios en las Circunscripciones Especiales para la Paz, además que se redujo
la financiación del partido que surgiese de su transición y se redujeron sus
emisoras, que deberán compartir con las víctimas y las comunidades[4]. Y según Sergio Jaramillo,
en la gestación del nuevo Acuerdo “lo más difícil fue el debate sobre sanciones
y participación política…La discusión sobre elegibilidad política fue particularmente difícil, porque es el
tema que justifica un proceso de paz. Esa es la estructura del negocio: dejación
de las armas a cambio de participación política y seguridad”. Entonces, dada esta situación, se
decidió en la renegociación dejar en manos de los Magistrados que
integrasen la Jurisdicción Especial de Paz
el asunto de decidir quiénes podían o no participar en política. “Ellos, se
reescribió entonces, en su criterio, decidirán si la participación política es
compatible o no con el cumplimiento de las sanciones”.
c.
La puesta en marcha de un Acuerdo
Agrario Integral: de acuerdo con el mismo
De La Calle se precisó que en el
tema Reforma rural Integral se incluían a la agroindustria y al turismo como parte de las soluciones para el desarrollo del campo quedando, por lo
tanto, garantizado el derecho de propiedad privada;
d.
La democracia de participación ciudadana: se precisó que no había una
ideología de género sino, más bien un enfoque de género para dar prioridad a la
atención a las mujeres víctimas del conflicto existiendo, además, la libertad
de cultos[5]; en la renegociación no se hizo más que insistir en temas que ya
están en la Constitución como la ampliación y profundización de la democracia,
el fortalecimiento de la participación ciudadana y el surgimiento de nuevas fuerzas en el
escenario político;
e.
El problema del narcotráfico:
se acordó que las
personas que vayan a la Jurisdicción Especial de Paz deben “entregar toda la información detallada sobre el negocio para poder
establecer responsabilidades”; por otra parte se precisó que el gobierno no
renunciaba a la erradicación forzosa incluida la fumigación; en materia de
conexión del narcotráfico con el delito
político se acordó que se definirá caso por caso de acuerdo a la jurisprudencia
colombiana sobre el tema;
f.
La colombianización de la Justicia
Transicional: uno de los puntos más debatidos entre expertos, aunque
con seguridad la mayor parte de la ciudadanía no alcanza a precisar qué
significa el término, fue precisar si el
Acuerdo de Paz entraba o no hacer parte del llamado Bloque de
Constitucionalidad o sea en términos más
sencillos,
si entraba o no a hacer parte de nuestra legislación interna. Las Farc
decían que esa era la única forma de blindar o proteger lo pactado en clave de
seguridad jurídica; Humberto de la Calle, por su parte, menos receloso,
señalaba que los principios que
inspiraban el Acuerdo serían un parámetro de aplicación y guía tanto normativa
como práctica; por su parte, la oposición rechazaba con radicalidad tal
posibilidad. Al final, en la renegociación se definió que en la
Constitución sólo quedarían los temas de
los derechos humanos y del DIH, lo que
como es lógico incluirá el tema del presente y futuro de la guerra. De todas maneras, se acordó que el nuevo Acuerdo
sería depositado internacionalmente como
Acuerdo Especial y que sería el Congreso el que mediante un Acto Legislativo
incluiría en la Carta Política un artículo transitorio precisando que aquellos contenidos que corresponderían a
esas dos materias eran de modo obligatorio
parámetros de interpretación.[6] Otro tema altamente
debatido fue el de la relación de La Justicia Transicional con la Justicia
Ordinaria colombiana. Al respecto en materia de la Jurisdicción Especial de Paz,
el nuevo Acuerdo habla del respeto al debido proceso, del principio de
imparcialidad, de la debida publicidad y de la garantía del principio de
contradicción en la valoración de la prueba, así como de la doble instancia. Según
Humberto de la Calle se usarán los
recursos de las Farc en la reparación de las víctimas quedando éstas obligadas
a entregar un inventario detallado de bienes y activos[7]. El asunto espinoso de
cárcel para los guerrilleros sancionados por delitos graves fue superado, pues
se precisaron detalles claves como fijar los espacios territoriales donde se
ubicarán los sancionados durante la ejecución de la sanción correspondiente y
hasta se aceptó la idea de Uribe de que fuese en colonias agrícolas. Finalmente,
se aclaró que en el caso de los miembros
de la Fuerza Pública, la aplicación de la Justicia Transicional debe partir del
reconocimiento de que el Estado tiene como fin
esencial garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
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Si ya el Acuerdo originario era limitado en sus contenidos substantivos, el nuevo lo ha sido mucho más. Por eso como puntos problemáticos se pueden resaltar los siguientes:
a. La obsesión por la tesis sobre la sostenibilidad fiscal, que
siempre permitirá afirmar, “eso está muy bien, pero no hay plata para
financiarlo”, lo que va en contra de las lógicas de un Estado Constitucional
que siempre programa el gasto como un componente objetivo de las Políticas
Públicas ;
b. La prohibición de Nuevas Zonas de
Reserva Campesina;
c. El enfoque idealizado de una relación
funcional y amigable entre la visión empresarial de la tierra y las economías
campesinas;
d. La prevención de que
la expropiación por razones de improductividad de los latifundios es un
atentado contra la propiedad privada;
e. La animosidad contra el requisito
constitucional del impacto ambiental; y
f. La eliminación de Magistrados
Extranjeros , por lo menos, para una selección más técnica de los Magistrados
de la Jurisdicción Especial de Paz.
[1] .
Atisbos Analíticos 252,
fundacionecopais.blogspot.com, noviembre 3 de 2016.
[2] .
“Según Encuesta mejora la imagen de las Farc y apoyo al proceso de paz, última
semana de octubre del 2016, www.eltiempo.com
[3] .
Idem.
[4] .
Declaración de Humberto de La Calle tras
la reunión con los voceros del NO, 22 noviembre 2016
[5] .
Declaración de Humberto de la Calle tras la reunión con los voceros del No, 22
de noviembre de 2016.
[6] .
García Segura, Hugo, “Humo blanco en la Habana”, El Espectador, 12 noviembre 2016.
[7] .Declaración
de Humberto de la Calle tras la reunión con los voceros del No, 22 noviembre
2016.
